Cuando lo ilegal es legal...

Cuando lo ilegal es legal...

Las desafortunadas expresiones del presidente de la República, Evo Morales Ayma, confirman nuestros temores -ya expresados oportunamente- en torno al alarmante deterioro de las instituciones bolivianas, deterioro que prosigue implacable en manos del actual Gobierno. Con un Tribunal Constitucional desmantelado, una inseguridad jurídica creciente y otros hechos de conocimiento público, la situación llega ahora a niveles lamentables.

Los abogados bolivianos acuñaron una frase famosa: "Hecha la ley, hecha la trampa", frase de funestas consecuencias que implica la intención explícita de burlar a la ley. Ahora el cuadro es al revés y más funesto aún. En efecto, bien podría decirse -al calor de lo manifestado por S.E. hace dos días y en un juego de palabras- que "hecha la trampa, luego hago la ley", o sea, ahora se trata de ‘legalizar’ lo manifiestamente ilegal, algo a todas luces sorprendente e inédito, sobre todo emanando de un mandatario constitucional que al asumir juró, por la Constitución Política del Estado, cumplir y hacer cumplir las leyes.

Todo esto se manifiesta explícitamente ante el asombro de la ciudadanía, el jolgorio de los simpatizantes oficialistas, y la apatía o indiferencia de organismos internacionales y de países amigos. Lamentable en verdad.

Debemos hacer hincapié en la necesidad de retornar al Estado de derecho.

Un país sin leyes es como un barco sin brújula, por tanto, susceptible de extraviarse o de naufragar.

Bolivia ha tenido una accidentada historia desde su creación un 6 de agosto de 1825 y ahora, a punto de cumplir 183 años de vida, la República se encuentra amenazada, en jaque, debido a la falta de respeto a la institucionalidad y al desprecio por la legalidad.

Esto no puede ser. Con el máximo de los respetos hacia S.E., le pedimos que obre y actúe en función de las leyes y no por encima de ellas, o intentando legalizar lo ilegal, algo a todas luces inconcebible. El país vive de revuelo en revuelo ante estas actitudes. Eso no puede ser.

Precisamos un cambio profundo de rumbo para retornar a la plena legalidad. El pueblo lo pide, el Gobierno -aunque no lo manifieste- también lo necesita, para así hacer cumplir el imperio legal y sostener la institucionalidad, ya dañada pero todavía de pie.

Los 27 años de democracia en Bolivia tienen que servir para reforzar la legalidad, no para avasallarla.

Dios quiera que el presidente Morales escuche y reflexione, solamente pedimos que se cumpla la ley y que ésta se aplique por igual para todos.

No es mucho, pero en sí es algo absolutamente imprescindible, sobre todo si queremos conservar el orden legal en una joven democracia que precisa refuerzos, no empujones deliberados para debilitarla y con resultados imprevisibles.