Gobierno se olvida del diálogo y ejecuta plan para el revocatorio

UN PLAN CON MUCHAS ARISTAS

Campaña. Evo recorrerá las provincias

paceñas y luego visitará Santa Cruz

El Gobierno deja pasar la posibilidad del diálogo con los miembros del Consejo Nacional Democrático (Conalde) y le dio prioridad a su plan político de desgaste de los prefectos con miras al referéndum revocatorio del próximo 10 de agosto, con una campaña en varios frentes.

El vocero de Gobierno, Iván Canelas, reiteró ayer que el presidente de la República, Evo Morales, no detendrá la campaña que inició el fin de semana pasado en Cochabamba y que más bien la intensificará a partir de este sábado, cuando recorra varias regiones del altiplano en el departamento de La Paz.

Pero eso no es todo. Según Canelas, el Presidente tiene un plan de visitas a las regiones, que continuará con Santa Cruz y otros departamentos, donde además de difundir el nuevo texto constitucional (colando intencionalmente el proyecto de CPE del MAS )mostrará las obras que ha realizado su Gobierno en estos dos años y medio de gestión.

EL CHANTAJE PARA INMOVILIZAR AL OPONENTE

Casi de forma paralela a la declaración de Canelas, la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, llegó ayer a Santa Cruz para presentar un detalle de las denuncias recibidas en su despacho contra algunas reparticiones de las nueve prefecturas del país y los prefectos de la media luna, además de los de La Paz y Cochabamba.

Si bien la viceministra Suxo se esforzó por aclarar que su presencia en esta ciudad no tenía nada que ver con la negativa de los prefectos a someterse al referéndum revocatorio, puso énfasis en las denuncias de irregularidades que se atribuyen a los prefectos Mario Cossío, de Tarija; Rubén Costas, de Santa Cruz; Ernesto Suárez, de Beni; y Leopoldo Fernández, en Pando. El pasado lunes los prefectos que se reunieron en la ciudad de Tarija determinaron no participar del referéndum revocatorio y plantearon un diálogo que permita reconducir al país sobre la base de la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que confiscó el Gobierno a las regiones.