A la cárcel el funcionario de Gobierno acusado de robar ánforas
Bajo un fuerte custodio policial, ayer se llevó a cabo la audiencia cautelar del Director Nacional de Asuntos Agrarios, Amadeo Romeo Amorin, imputado por obstaculización y robo de material electoral, hecho que sucedió el pasado domingo que se desarrolló el Referéndum, en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Los imputados fueron llevados ante el Juez José Fernández, como estaba previsto, ya que el día anterior fue suspendido, las personas que fueron llevadas ante el juez son los siguientes: Amadeo Romeo Amorín Bohórquez (funcionario de Gobierno), Hugo Cayo Rocha, Portugal Quispe Mamani, Eduardo Quispe Monje, Jimena Mamani Poma y Brenda Segovia Quiroga de 17 años. El abogado de la defensa hizo entrega de toda la documentacion requerida para el caso, en la que compruebe que los imputados, no tengan intención de peligro de fuga. Según se conoce, estos imputados fueron detenidos, por que fueron encontradas en su poder papeletas de votación, que pertenecían a un recinto electoral de la zona del Plan 3000. Como representante del Ministerio Público, el Fiscal Joadel Bravo, presento la imputación ante el juez por el delito de obstaculización al proceso electoral, lesiones, amenazas y atentado de libertad de trabajo. Además de las papeletas de votación, las cajas con los sellos respectivos de la Corte Electoral, dos bolsas de aluminio de igual manera tenían el sello de Corte. Estas personas fueron detenidas, en circunstancias en que se encontraban a bordo de un motorizado de propiedad del imputado Amadeo Amorín.
Acorralan a saboteadores y envían a la cárcel a Amorín
Un juez cautelar dispuso que Romeo Amodeo Amorín, funcionario público, sea detenido en forma preventiva en Palmasola acusado de robar ánforas y papeletas electorales.
“Toda persona, cualquiera sea su condición laboral, social o política que en forma directa o por intermedio de otra, obstaculice, obstruya o impida la realización del proceso electoral, evite que autoridades electorales ejerciten su obligaciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, serán sancionadas con privación de libertad de hasta 5 años”, dice el art. 202 del Código Electoral.
Basado en esa normativa, la Brigada Parlamentaria, la Alcaldía Municipal, el Comité Cívico Provincial han iniciado acciones legales contra dirigentes masistas del Plan Tres Mil, San Julián, Cuatro Cañadas, Yapacaní y contra quienes robaron ánforas para marcarlas y hacer aparentar un fraude.
Basado en esa normativa, la Brigada Parlamentaria, la Alcaldía Municipal, el Comité Cívico Provincial han iniciado acciones legales contra dirigentes masistas del Plan Tres Mil, San Julián, Cuatro Cañadas, Yapacaní y contra quienes robaron ánforas para marcarlas y hacer aparentar un fraude.
Juez envía a la cárcel a hombre clave del MAS
El funcionario es Director Nacional de Asuntos Rurales y el año pasado era responsable de la Unidad Operativa de Proyectos del ALBA-TCP, un programa financiado por Venezuela para el apoyo crediticio a la microempresa, con una partida de $us 100 millones. Esa unidad dependía del Ministerio de Producción y Microempresa.
Sin embargo, el programa tuvo que ser cerrado en mayo de 2007, durante la gestión de Amorín, por la desaparición de $us 11 millones de dólares.
El Ministerio ya había aprobado créditos por $us 15,3 millones, pero sólo existía el respaldo de $us 4,4 millones.
Se sabe que Amorín orquestó en Santa Cruz una campaña por el “No” a la autonomía, por la cual pagó a varios medios de comunicación. Extraoficialmente, se conoce que pagó entre 300 y 400 bolivianos a la gente que trabajó con él en el referéndum para montar un supuesto fraude.
También se conoce que Portugal Quispe, otro de los detenidos que dijo ser vecino del Plan Tres Mil, trabajó en el programa ALBA-TCP del Gobierno. Sin embargo, éste, junto a Eduardo Quispe, Hugo Cayo y Brenda Segovia fueron liberados bajo arraigo y una fianza personal.
Sin embargo, el programa tuvo que ser cerrado en mayo de 2007, durante la gestión de Amorín, por la desaparición de $us 11 millones de dólares.
El Ministerio ya había aprobado créditos por $us 15,3 millones, pero sólo existía el respaldo de $us 4,4 millones.
Se sabe que Amorín orquestó en Santa Cruz una campaña por el “No” a la autonomía, por la cual pagó a varios medios de comunicación. Extraoficialmente, se conoce que pagó entre 300 y 400 bolivianos a la gente que trabajó con él en el referéndum para montar un supuesto fraude.
También se conoce que Portugal Quispe, otro de los detenidos que dijo ser vecino del Plan Tres Mil, trabajó en el programa ALBA-TCP del Gobierno. Sin embargo, éste, junto a Eduardo Quispe, Hugo Cayo y Brenda Segovia fueron liberados bajo arraigo y una fianza personal.
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