La economía como arma política

Uno de los aspectos importantes que suele diferenciar a los países serios de aquéllos que no lo son, es la responsabilidad en el manejo del Estado. En estos últimos meses los bolivianos hemos visto cómo la economía puede ser utilizada como un arma política, cuando el Gobierno, por ejemplo, decide prohibir la exportación de aceite vegetal para afectar a los grandes grupos agroindustriales del oriente, que en opinión oficialista son responsables del proceso inflacionario en el país y origen de la fuerte resistencia política al proyecto masista.

En el contexto del mismo enfrentamiento, el Gobierno también ha anunciado que podría retirar la subvención al diesel, un hecho que podría generar una cadena inflacionaria que podría afectar más a la población en general que a los agroindustriales cruceños. En el conflicto por las autonomías y el intento desesperado del Gobierno para desmantelar el referéndum del 4 de mayo, de nuevo el aspecto económico es usado como un elemento político de presión, pues la administración oficialista ha anunciado que frenará los desembolsos de recursos que le corresponden al departamento de Santa Cruz, si en esta región concretan la vigencia de sus estatutos autonómicos que descentralizarían de hecho al Estado boliviano, a decir del Ejecutivo.

Sin duda que instrumentalizar la economía para alcanzar fines o posicionamientos políticos es una irresponsabilidad flagrante, más aún cuando estas acciones se aplican desde la administración del Estado, puesto que la economía es un área de mucha sensibilidad porque afecta a la propia conservación física de las personas, a través de la seguridad alimentaria, por ejemplo.