Amorin era el operador contra las autonomías
Amorin era el operador contra las autonomías
Por tres mil dólares contrató los servicios del canal de Periodistas de Televisión Asociados (PAT).
La Brigada Parlamentaria Cruceña pide que el Senado abra una investigación sobre este hecho.
Un contrato publicitario entre la cadena televisiva PAT y Amadeo Romeo Amorin, acusado de robar material electoral del Plan Tres Mil el 4 de mayo, es una de las pruebas que utiliza la Brigada Parlamentaria Cruceña para solicitar una investigación sobre el caso al Senado.
Carlos Pablo Klinsky, presidente de los parlamentarios cruceños, dijo “creemos que Amorin es un operador político del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Este ministro maneja el dinero de la publicidad del Gobierno”, justificó.
La documentación muestra un contrato y un recibo emitido por PAT, por un segundo pago de tres mil dólares efectuado por Amorin y Alberto Saucedo.
“Queremos establecer de dónde provienen los recursos económicos utilizados por Amorin y Saucedo. Creemos que son dependientes del Ministro de la Presidencia, para la suscripción de los contratos de publicidad, en contra de los procesos de autonomías”, dijo Klinsky.
El spot publicitario es convocando al Cuarto Encuentro Social Alternativo, en oposición a la realización de la consulta popular para la aprobación de los estatutos autonómicos en Santa Cruz, Beni y Pando.
Klinsky recordó que todo funcionario público y el manejo de dinero del Estado se encuentran sometidos a la Ley Safco.
La difusión publicitaria en contra de las autonomía y sus dirigentes ha provocado que el presidente del Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic, pida al fiscal del Distrito, Jaime Soliz, una autorización para solicitar a los periódicos El Mundo de Santa Cruz, Los Tiempos, de Cochabamba y La Prensa de La Paz, certifiquen la publicación el 17 de abril de 2008, de una página en cada medio, en contra de su dignidad.
Carlos Pablo Klinsky, presidente de los parlamentarios cruceños, dijo “creemos que Amorin es un operador político del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Este ministro maneja el dinero de la publicidad del Gobierno”, justificó.
La documentación muestra un contrato y un recibo emitido por PAT, por un segundo pago de tres mil dólares efectuado por Amorin y Alberto Saucedo.
“Queremos establecer de dónde provienen los recursos económicos utilizados por Amorin y Saucedo. Creemos que son dependientes del Ministro de la Presidencia, para la suscripción de los contratos de publicidad, en contra de los procesos de autonomías”, dijo Klinsky.
El spot publicitario es convocando al Cuarto Encuentro Social Alternativo, en oposición a la realización de la consulta popular para la aprobación de los estatutos autonómicos en Santa Cruz, Beni y Pando.
Klinsky recordó que todo funcionario público y el manejo de dinero del Estado se encuentran sometidos a la Ley Safco.
La difusión publicitaria en contra de las autonomía y sus dirigentes ha provocado que el presidente del Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic, pida al fiscal del Distrito, Jaime Soliz, una autorización para solicitar a los periódicos El Mundo de Santa Cruz, Los Tiempos, de Cochabamba y La Prensa de La Paz, certifiquen la publicación el 17 de abril de 2008, de una página en cada medio, en contra de su dignidad.
Casi se lo llevaron a La Paz
Dos agentes del Ministerio de Gobierno habrían intentado llevarse a Romeo Amorin, el primer día de su detención, obligando al subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a entregar al detenido. La versión fue difundida por el diputado Carlos Klinsky, quien, según dijo, estuvo a punto de agarrarse a puñetes con los agentes porque querían llevarse a Amorin a La Paz.
“Sólo los periodistas impidieron que se lo lleven porque aparecieron en el momento preciso y los agentes huyeron a bordo de una vagoneta”, relató.
Amorin fue detenido y luego liberado por el juez José Fernández. Es uno de los principales acusados de los que violentó el colegio San Jorge, en el Plan Tres Mil, de donde fueron sustraídas las ánforas y las papeletas que la Corte Departamental Electoral había depositado para el referéndum del 4 de mayo. Amorin había negado ante los medios vínculos con el Gobierno.