Bedoya dijo que esta medida es inconstitucional debido a que la misma viola la Ley de Pensiones y los contratos firmados entre las administradoras de pensiones y el Estado boliviano.
“El Gobierno no puede, a través de un decreto, ir en contra de unas determinaciones que están establecidas por ley de la República (...) Las AFP son las que deberían invertir, no el Banco Central”, precisó el ejecutivo en declaraciones a La Razón.