La administración de La Paz pretende el control absoluto de toda la cadena de producción, comercialización y exportación de gas y petróleo, privatizada en la década del 90, y, para ello, nacionalizó los hidrocarburos en mayo de 2006, renegoció contratos con una decena de multinacionales y monopolizó la exportación de crudo de petróleo reconstituido, a cargo de Petrobras.